El convenio cumple sus dos años de licitación el 30 de junio y el Ayuntamiento debe decidir si activa la prórroga de un año adicional, contemplada en dicho escrito
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), han denunciado recientemente las condiciones laborales en las que se encuentran. Afirmaron que continuaban prestando el servicio por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y que además sufrían descuentos indebidos en nómina, aplicados por horas que ni siquiera habían sido ofertadas ni trabajadas.
Este servicio, gestionado en la actualidad por las empresa privadas OHLA e Ingesan, cumple el próximo 30 de junio los dos años de licitación, fecha en la que el Ayuntamiento de Utrera deberá decidir si activará un año más de prórroga, posibilidad que viene contemplada en el contrato.
Ante esta realidad, las trabajadoras del servicio han mostrado su profunda preocupación dada la falta de garantías laborales en las que se encuentran actualmente. «Nuestra preocupación se centra en que se haga efectiva dicha prórroga sin que se aseguren antes las medidas mínimas legales que nos pertenecen por derecho».
De esta manera explican que primeramente exigen «el cumplimiento del SMI: denunciamos que no se puede prorrogar un contrato cuando existen trabajadoras que aún no perciben el Salario Mínimo Interprofesional. Activar el año adicional en estas condiciones supondría consolidar la precariedad de quienes cuidamos a los dependientes de nuestra ciudad».
A ello suman unas «garantías mínimas: manifestamos que cualquier paso hacia la continuidad del servicio debe pasar obligatoriamente por una fiscalización de las nóminas que garantice, como mínimo, lo que marca la ley».
Además, recalcan que el comunicado que han realizado «no responde a intereses políticos de ningún tipo. Nuestra trayectoria de lucha es nuestra mejor garantía por la independencia que hemos demostrado (hemos remitido numerosas notas de prensa tanto en los gobiernos del PSOE como ahora con el PP)».
Y por supuesto dejan claro que instan al respeto a las trabajadoras. «Nuestra labor es cuidar a los más vulnerables de Utrera, una tarea que debe valorarse gobierne quien gobierne. Exigimos dignidad y respeto a nuestros derechos laborales».
Por último hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional. «A menos de tres meses para el 30 de junio, instamos al Ayuntamiento de Utrera a que actúe con responsabilidad». «No se debe activar una prórroga sin antes asegurar que la empresa adjudicataria cumple con las medidas mínimas que legalmente nos corresponden a las trabajadoras», concluyen.
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