La educación concertada está en pie de guerra contra la reforma de la ley orgánica de educación, conocida como la «ley Celaá». Eso ha llevado a los cuatro colegios de este tipo en Utrera a salir a la calle para protestar contra dicha propuesta, al considerar que es «fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas, y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo».
Los Salesianos, la Sagrada Familia, las Salesianas y el Sagrado Corazón han protagonizado una concentración a las puertas de sus centros educativos que ha servido para clamar contra dicha reforma. Una representación de los distintos miembros de la comunidad educativa de cada colegio se ha manifestado mirando hacia las aulas, tras lo que se ha leído un manifiesto que la plataforma «MasPlurales» ha elaborado para toda España. Y es que la educación concertada de todo el país se está echando a la calle estos días con el mismo objetivo: frenar la reforma de la citada ley.
Según denuncian, esa modificación normativa «se está tramitando sin contar con la comunidad educativa, en plena ola de la pandemia y pretendiendo instaurar la escuela única, hurtando el derecho de los padres y tutores a elegir la educación de sus hijos conforme a sus creencias religiosa, filosóficas y pedagógicas».
Según explican, afecta a la Educación Infantil específica de 0 a 3 años, ya que «sólo promoverá su oferta en centros públicos»; y aseguran que «anula el criterio de la demanda social en la programación de los puestos escolares sostenidos con fondos públicos, lo que supone programar plazas en los centros que ellos quieran y no los que quieran las familias», por lo que esta reforma legislativa limita los conciertos educativos, «promoviendo sólo plazas en centros públicos».
Asimismo, afirman que también se quita sustantividad a la enseñanza de Religión Católica, «que recordemos es voluntaria»; y que prohíbe, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, la financiación del modelo pedagógico diferenciado por sexo, «quitándole de un plumazo la libertad de elegir a esas familias que lo prefieren». También acusan al gobierno de pretender desmantelar, «en contra de las familias afectadas, los centros concertados específicos de educación especial», por lo que «el peligro de pérdida de puestos de trabajo es inminente».
El manifiesto leído en todos los colegios recoge que la pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos «contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona». En este sentido, la identificación de las familias con el proyecto educativo elegido «favorece una mayor implicación en la educación de sus hijos, y las evidencias demuestran que una mayor implicación familiar está relacionada con un mejor rendimiento escolar, especialmente de los más desfavorecidos». Así las cosas, defienden que «a todos –centros, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor».
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