La plaza de Gibaxa está sirviendo de escenario estos días a una protesta protagonizada por un grupo de empleadas de la empresa Interserve Facilities Services S.A., que se encarga de la limpieza de los colegios de Utrera, además de tres edificios municipales. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligaba a la empresa a readmitir a las trabajadoras que habían despedido, aunque ahora denuncian que «nos han hecho un contrato de tres horas y media, pagándonos un sueldo ridículo, pero nos obligan a hacer el trabajo de siete horas».
En total son 11 personas las que se encuentran en esta situación «desde agosto de 2017». Fue en 2015 cuando estas empleadas interpusieron una demanda por discriminación salarial, ya que la empresa decidió unilateralmente pagarles una cantidad inferior a la que percibía el personal fijo. El juez daba la razón a las afectadas, y obligaba a la empresa a volver a contratarlas y a indemnizar a cada una de ellas con una cantidad aproximada de 15.000 euros.
Ahora la empresa da un paso más, reduciendo el contrato «a la mitad de lo que marca el pliego de condiciones que tiene con el Ayuntamiento». Y todo ello «mientras el personal fijo sí está contratado a siete horas». Según han señalado las afectadas a Utrera Digital, «desde 1994 el trabajo viene siendo de siete horas. Las personas fijas están con esas condiciones laborales y cobran más de 1.100 euros, mientras a nosotras nos pagan 415 euros. Nosotras reclamamos que, a igual trabajo, tengamos el mismo salario».
Estas mujeres se han entrevistado con el alcalde, José María Villalobos (PSOE), ya que Interserve Facilities Services S.A. mantiene actualmente una relación contractual con el Ayuntamiento. Sin embargo se quejan de que el regidor local «dice que no puede hacer nada. Pero realmente sí puede hacer cosas, por ejemplo, dejar de pagarle a la empresa por incumplir el contrato». «Se están riendo de nosotras. Con 400 euros no vive ninguna familia. Si el señor alcalde es capaz de vivir, y de pagar la luz, agua y vivienda, que nos lo diga, que se quede él con ese dinero y cogemos nosotras su puesto», sentencian las afectadas, quienes denuncian que «ya no se puede abusar más de una persona como están haciendo con nosotras. Estamos realizado el trabajo de siete horas en solamente tres horas y media, y el señor alcalde no debería consentirlo».
Por otro lado, han puesto de manifiesto que «en el año 2001 hicimos un examen, se otorgaron unas puntuaciones y se marcó un orden de prelación para entrar a trabajar, con un listado de personas que aparece recogido en el anexo del contrato con el Ayuntamiento. Sin embargo, han metido a trabajar a gente que ni siquiera hizo el examen. Todo el mundo tiene derecho a un empleo, pero primero deben acceder todas las que hicieron esa prueba y luego que contraten a cuantas sean necesarias».
A todo ello se suma «la amenaza que ya hemos recibido de dejar de trabajar el 30 de junio. Todos los años estamos hasta el 15 de julio, pero ya nos han dicho que a final de este mes nos dejan paradas».
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