La plataforma memorialista utrerana «Construyendo ReDpública» ha participado en el encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Todos ellos demandan «una ley de memoria democrática que ponga fin a la impunidad del franquismo y que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y la transición». Y es que, a juicio de dichos colectivos, el anteproyecto de ley de memoria democrática que ha presentado el gobierno de España «no garantiza que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura franquista».
El encuentro estatal se ha celebrado de manera telemática. Fruto de dichas reuniones, «entendemos que es insuficiente el avance que representa este anteproyecto de ley, pues debería incluir la declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad del franquismo -la ley de amnistía de 1977- o, al menos, de aquellos apartados que impiden investigar los crímenes del franquismo, y por tanto, el acceso a la justicia».
De igual modo, consideran «insuficiente» la condena del franquismo, «dado que no se hace en los términos declarados en las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946». En cuanto al período que abarca la ley, piensan que debe llegar, al menos, hasta 1983; mientras que en los casos de bebés robados, consideran que debería abarcar hasta 1999.
Sobre la definición de las víctimas, «no quedan incluidos -o se hace de manera excesivamente genérica- todos los colectivos afectados por las diferentes formas de represión franquista, lo que implica el no reconocimiento de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tal y como prescribe el derecho internacional de los Derechos Humanos». Asimismo, afirman que «hay que mejorar y ampliar la redacción del articulado sobre algo tan importante como las víctimas del robo de bebés. Es necesario incluir la variedad de motivos que generaron ese crimen, durante la dictadura y la transición, perpetrado por entidades o personas vinculadas a las instituciones del Estado».
Por otro lado, «no podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas como ‘nulas e ilegítimas’, tal y como recoge el anteproyecto, porque esa definición no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos». Los colectivos memorialistas consideran que el anteproyecto «no garantiza la tutela judicial efectiva en la localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo, aunque sí es un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas». De igual modo, «enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal».
Según lo abordado en el encuentro estatal, el anteproyecto de ley «no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, organizaciones, entidades y particulares que se han beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados». Además, «no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista» y «tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos».
Entidades como la utrerana se oponen «frontalmente a que el 31 de octubre sea declarado como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, pues no tiene ningún significado simbólico para el movimiento memorialista».
Según ha señalado la plataforma «Construyendo ReDpública», ha de incorporarse a la ley que «el Estado español debe ratificar la convención internacional de 1968 por la que no prescriben los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, garantizando por ley que se aplique esta convención a los crímenes cometidos por el franquismo». De igual modo, consideran «imprescindible incorporar a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional y que se cumpla la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales».
También reclaman que se incluya «el reconocimiento jurídico de víctimas del franquismo, con el fin de que los actos de exaltación del franquismo y de negacionismo histórico sean definidos como delitos y no queden impunes». Asimismo, «exigimos la ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de julio de 1936».
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