El acto, presidido por el presidente andaluz Juanma Moreno, tuvo lugar la tarde del martes 9 de septiembre en el Palacio de San Telmo
Francisco Jiménez (PP) ha participado en la presentación del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía. El acto, que tuvo lugar en la tarde del martes 9 de septiembre, estuvo presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y estuvieron presentes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, además de otras autoridades y agentes sociales y económicos del sector inmobiliario.
El alcalde de Utrera realizó una intervención en la que destacó que «el acceso a la vivienda constituye actualmente una emergencia nacional». Así, señaló que «en Andalucía existe un déficit superior a 150.000 viviendas, lo que ha provocado que los precios alcancen máximos históricos. Mientras que el número de hogares ha crecido un 3% en los últimos años, la construcción de viviendas apenas lo ha hecho en un 1%, lo que refleja la brecha entre la oferta y la demanda».
Jiménez también mencionó el «retroceso de la vivienda protegida». «En los años 80 representaba un 60% de total de la construcción y hoy apenas alcanza un 5%». «En muchas ciudades la oferta de vivienda protegida no cubre ni el 10% de las solicitudes, lo que evidencia la magnitud del problema», añadió.
El primer edil también dejó clara su postura con la gestión estatal en esta materia. Aseguró que la «Ley de Derecho a la Vivienda de 2023 ha supuesto un fracaso, ya que ha provocado la desaparición de unas 120.000 viviendas en alquiler y un incremento del 26% en los precios debido a la inseguridad jurídica generada».
Además, ha puesto en valor la propuesta del Gobierno andaluz calificando la nueva Ley de Vivienda como «una respuesta directa, eficaz, directa, eficaz y realista, con plazos, recursos y medidas concretas al servicio de los municipios». Al parecer «permitirá a ciudades como Utrera contar con más suelo y mayor flexibilidad urbanística, seguridad jurídica y plazos claros, una bolsa pública de suelo, un impulso económico local y un equilibrio social frente a la presión turística».
«Esta Ley no es solo un plan para edificar más, es una herramienta que dota a los ayuntamientos de más seguridad, más inversión y mayor capacidad de respuesta social», añadió.
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