«A los 1,7 millones de euros abonados sin contrato alguno se unen los 600.000 € que corresponderían al dinero de las cuotas y entradas de los usuarios gestionados sin ningún control o fiscalización municipal»
Recientemente, el PSOE de Utrera denunció públicamente la existencia de «pagos irregulares del alcalde a una empresa que gestiona servicios municipales sin contrato alguno», concretamente a la gestión de las piscinas municipales, asegurando que las cantidades abonadas podrían «superar los 1,7 millones de euros». Ahora, «nuevos datos apuntan a que esta gestión sin contrato podría haber alcanzado una cifra estimada superior a los 2,3 millones de euros, entre los pagos efectuados por el Ayuntamiento y los ingresos obtenidos directamente de los usuarios», según fuentes socialistas.
«De ese total, alrededor de 600.000 euros corresponderían a la recaudación por entradas, abonos y cursos, cantidades percibidas por la empresa sin que conste ningún tipo de control o fiscalización por parte del Ayuntamiento. A ello se añaden los 1,7 millones de euros abonados desde las arcas municipales, pese a que la empresa realizara actividades sin contrato alguno desde julio de 2023», afirman.
Ante esto, la oposición hace hincapié en que «la situación se habría producido bajo el mandato del alcalde Francisco Jiménez, cuya falta de control y supervisión habría permitido que una empresa sin contrato gestione servicios públicos y fondos vinculados al Ayuntamiento, vulnerando los principios básicos de legalidad, transparencia y buen uso de los recursos públicos».
«La ausencia de informes de fiscalización, auditorías o liquidaciones internas, unida a la negativa del gobierno del PP a facilitar la información solicitada por el PSOE de Utrera, evidencia una falta de control institucional y de transparencia», suman.
Así, el Partido Socialista afirma que «esta situación refuerza la necesidad de aclarar los hechos y depurar las posibles responsabilidades por el perjuicio que podría haberse causado a la Hacienda municipal».
Además, señalan que «parte de los pagos podrían incluir gastos de inversión o reparaciones en las instalaciones, realizadas igualmente sin expediente de contratación, lo que ampliaría la gravedad del caso».
Por último, los socialistas consideran que «equipo de gobierno habría incurrido en una doble irregularidad, manteniendo un servicio y encargando actuaciones sin contrato, sin control y sin procedimiento administrativo, una práctica que, de confirmarse, vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público».
Por otra parte, también aseguran que la «crisis política derivada de este caso ha fracturado al gobierno del Partido Popular». Al parecer, «en una reunión de crisis celebrada la pasada semana, en la que se decidió el cierre de las piscinas municipales para el próximo 17 de noviembre, ni el delegado de Deportes ni el exdelegado de Hacienda participaron, lo que evidencia que han sido apartados de la gestión».
La oposición afirma que «ambos ediles figuran entre los delegados políticamente amortizados, tras haber perdido la confianza del propio alcalde como consecuencia de la situación creada en torno a la gestión de las piscinas municipales».
De esta manera, el PSOE de Utrera concluye considerando que «los hechos descritos podrían tener relevancia administrativa, económica e incluso penal, al haberse destinado recursos públicos y solicitará que se determinen las posibles responsabilidades del alcalde Francisco Jiménez (PP) y de los concejales implicados, instando a la Fiscalía y a los órganos fiscalizadores competentes a garantizar la defensa del interés público y de la Hacienda municipal».
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