El PSOE de Utrera denuncia «la decisión de Francisco Jiménez (PP) y de Isabel Blanquero (U+) de privatizar el servicio de mantenimiento de colegios y otras instalaciones municipales sin previo aviso». Una decisión que «ha dejado en la calle a 42 trabajadores, muchos de ellos pertenecientes a colectivos vulnerables, generando un caos en la gestión de los servicios públicos esenciales». «Una vez más Francisco Jiménez (PP) se destaca por una desastrosa gestión, movida por el rencor por desmontar todo lo anteriormente construido, por el capricho y la improvisación que repercute negativamente en los servicios públicos y en la vida de los utreranos» añaden.
«El descontento y el caos se han hecho evidente estas navidades con el cierre de numerosas instalaciones municipales, entre ellas el Centro de Estudios, el Polideportivo y otras instalaciones deportivas, colegios, servicios sociales, el Castillo, la Casa de la Cultura y más instalaciones repartidas por toda la ciudad», explican los socialistas. « La falta de notificación previa y la ausencia de un plan de transición han llevado a la paralización de actividades fundamentales para la comunidad durante el periodo de Navidad».
La oposición pone especial preocupación en «la situación en los colegios de Utrera, cuyo mantenimiento es competencia municipal y del que se encargaban los trabajadores del Ayuntamiento». «Como estrategia para prescindir de los 42 trabajadores se ha adjudicado deprisa y corriendo un contrato menor de mantenimiento para los colegios, lo que agrava la percepción de improvisación y desorden en la gestión municipal, porque no da una solución estable ni de continuidad ni mucho menos garantiza la mejora del servicio», declaran.
A todo lo mencionado, incluyen que «de acuerdo con la normativa vigente, cualquier modificación en la prestación de estos servicios debe ser comunicada al Comité de Empresa del Ayuntamiento y negociada con él. Así lo establece el Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación de obras y servicios, que obliga a garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales y el mantenimiento del empleo en caso de externalización». «Además, el Artículo 64 del mismo Estatuto establece los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, algo que en este caso ha sido ignorado de manera flagrante por el gobierno municipal. La falta de comunicación con el Comité de Empresa evidencia una gestión opaca y poco respetuosa con las leyes laborales vigentes».
PSOE de Utrera establece que «la decisión del gobierno municipal también pone en entredicho su compromiso con la inclusión social, ya que muchos de los trabajadores despedidos pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión. Esto supone un golpe directo a familias que dependen de estos empleos para su sustento y estabilidad».
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