En el actual contexto social, la demanda y la oferta de tareas socioeducativas se ha multiplicado y se han ido creando nuevos espacios sociales para atender necesidades y demandas educativas. Esto ha provocado que se haga necesaria la figura de profesionales que gestionen nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que posibiliten el desarrollo individual, familiar y colectivo a través de acompañamientos y orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo, entre otras funciones que desempeñan los educadores sociales.
Hace ya más de 10 años de la publicación de la ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Transcurrida una década, aún no han sido aprobados unos estatutos definitivos, por lo que esta profesión se encuentra en un limbo legal en cuanto a la legitimación de su ejercicio. Por ello, desde el grupo municipal del Partido Popular de Utrera «creemos que se hace necesario adecuar la denominación de educadora/educador social a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación, y elaboración de planes de desarrollo de las acciones que se deben ejecutar».
La figura del educador social «es fundamental, tanto en la empresa privada como en la administración pública, pero la falta de regularización de la profesión hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose un gran intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional así como de las funciones asignadas a la misma». Por este motivo, varios miembros del PP local se han reunido con representantes del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía para conocer la problemática que sufre dicho colectivo y poder defender una moción que tiene previsto presentaren el pleno municipal.
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