El ex secretario político del Partido Comunista de Andalucía (PCA) de Utrera y miembro del consejo local de Izquierda Unida (IU), José Luis Cuenca Díaz, ha negado que protagonizase altercado o incidente alguno durante los piquetes informativos en los que participó el 14 de noviembre de 2012 con motivo de la huelga general celebrada aquella jornada. Lo ha dicho coincidiendo con la citación que tenía ayer en Sevilla, para afrontar un proceso judicial por una presunta infracción de la ley de seguridad ciudadana.
Cuenca acudió ayer a los juzgados de lo social de Sevilla, arropado por representantes y dirigentes de IU, PCA y Comisiones Obreras. Todos ellos fueron a apoyar al utrerano con motivo del juicio que se celebra en su contra a cuenta de una denuncia promovida por la subdelegación del gobierno.
En declaraciones del dirigente a Europa Press, «los trabajadores reclamaron nuestra presencia porque se sentían cohibidos a la hora de ejercer su derecho a la huelga. Fuimos a la puerta del supermercado y hablamos con el encargado de manera normal, aunque es verdad que detrás de nosotros se escuchó un grito» que habría hecho que el encargado del establecimiento solicitara la presencia de la Guardia Civil.
En ese sentido, Cuenca defiende que los agentes de la Benemérita ni le pidieron su documentación ni le identificaron. Sin embargo, afirma que un mes y medio después le fue notificado que la subdelegación del gobierno promovía en su contra una denuncia por una presunta infracción de la ley de seguridad ciudadana, lo que se traduciría en una sanción de 301 euros.
«Se me imputa que entré con un megáfono, repartiendo octavillas y con una bandera de Comisiones Obrera», explicó Cuenca, negando que él actuase de esta manera, si bien razona que le «cuesta entender que eso sea un delito». En cualquier caso, «espero que me absuelvan. Otra cosa sería una barbaridad».
El proceso judicial que afronta José Luis Cuenca, según IU y PCA, implica un intento de «vulnerar el derecho a la defensa de los intereses de la clase obrera y supone una mordaza a los trabajadores y sindicalistas que han defendido, defienden y defenderán de forma legal, honesta y pacífica el derecho a la información que tienen dichos piquetes, con la finalidad de que los trabajadores que libremente lo decidan pueden participar de la huelga».
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