«La imposición de servicios obligatorios agrava la carga de trabajar bajo acoso y miedo en la Policía Local»
La Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Utrera informa que su equipo jurídico «ha recibido la autorización para iniciar las acciones legales pertinentes, incluyendo el Recurso Contencioso-Administrativo, ante la decisión de la Tercera Tenencia de Alcaldía de no admitir a trámite el Protocolo de Acoso Laboral». Califican el «Decreto 2025/07996 que contiene esta desestimación» como «injustificado y negligente». Para el CSIF, esta decisión es «especialmente grave porque demuestra que el Ayuntamiento conocía y permitía la presión laboral máxima justo antes de archivar el caso, ya que el decreto de servicios extraordinarios obligatorio, tiene un número de registro anterior al del archivo de la activación del protocolo de acoso». Por su parte, la entidad «rechaza los argumentos del Ayuntamiento que intentan justificar el acoso laboral como mero ejercicio de la potestad del jefe, pues esta tiene límites claros: –
Ataque a la Dignidad
: Se denuncia la obligación de solicitar permiso, para cubrir necesidades fisiológicas básicas ,de forma humillante y degradante . Esta conducta vulnera directamente la dignidad de los funcionarios y excede por completo cualquier potestad de organización. –
Rechazo a Investigar “el miedo”:
El Decreto 2025/07996 ignora que, si bien los agentes están acostumbrados al estrés del servicio, la situación actual se define con el miedo a acudir al centro de trabajo debido a las dinámicas de acoso. Esta situación se evidencia en las 8 a 10 bajas médicas registradas hasta el momento por estrés, ansiedad y subidas de tensión al acudir a urgencias». A todo ello añaden que «la situación de acoso y miedo ya existente se ve brutalmente agravada por la imposición de servicios extraordinarios obligatorios, forzando a los agentes a permanecer más tiempo bajo un entorno tóxico: –
Cronología y Agravamiento
: La medida de Servicios Forzados (Decreto 2025/07942) fue registrada con un número anterior al Decreto que archivó el protocolo (2025/07996). Esto prueba que el Ayuntamiento ya había autorizado la máxima presión laboral antes de negarse a investigar el acoso. –
Acción Legal Inmediata
: Dada la gravedad del daño que supone para la salud y la conciliación, CSIF anuncia que se solicitará la suspensión urgente de este decreto por la vía Contencioso-Administrativa, a través de Medidas Cautelarísimas, para paralizar de inmediato la obligación de prestar servicios extraordinarios. –
Vulneración de Conciliación y derechos del trabajador
: La aplicación de la medida (del 01/12/2025 al 07/01/2026), que obliga sistemáticamente a los agentes a trabajar en sus días de descanso, constituye una “vulneración del principio de conciliación familiar y derechos del trabajador, obligando a los policías a seguir prestando servicio en condiciones de acoso y riesgo psicosocial manifiesto”, incrementando el daño a su salud y la tensión. –
Incumplimiento Salarial
: Pese a la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias, el Ayuntamiento mantiene una deuda con el personal de Policía Local por el concepto de horas extras devengadas desde el mes de agosto de 2025 a lo que hay que añadir otros atrasos del año 2024». De esta manera el equipo jurídico del CSIF «confirma que las acciones legales no se limitarán a la vía Contencioso-Administrativa por anular el archivo del protocolo de acoso, sino que se evaluarán medidas en distintas jurisdicciones para garantizar la protección y compensación de los funcionarios: –
Responsabilidad Patrimonial
: Se interpondrán reclamaciones para hacer responsable patrimonialmente al Ayuntamiento por el funcionamiento anormal de la Administración y los daños a la salud causados por la falta de medidas preventivas. –
Vía Social (PRL):
Se contempla la vía de lo Social para demandar el incumplimiento del deber de protección de la salud (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y solicitar que se obligue a la Administración a adoptar medidas inmediatas.
– Vía Penal
: Dada la gravedad de los hechos, se está analizando la posibilidad de interponer acciones por presunto Delito contra la Integridad Moral (acoso laboral) contra los responsables, incluyendo el trato degradante que menoscaba la dignidad de los agentes.». El CSIF «reitera que se utilizarán todos los instrumentos legales disponibles para que el Ayuntamiento asuma las consecuencias de poner en riesgo la salud y la dignidad de sus funcionarios».
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