El 27 de febrero se cumple el cuadragésimo aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Por este motivo, la concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de Utrera ha querido sumarse «a este histórico acontecimiento y demostrar su compromiso firme con el pueblo saharaui y el proceso de autodeterminación que empezaron hace ahora cuatro décadas».
Desde ésta área han señalado, en este sentido, que el mismo día 27 se leerá un manifiesto de apoyo a los 40 años de lucha pacífica por la autodeterminación y el reconocimiento del pueblo saharaui, junto con otras actividades que puedan derivarse de la anteriormente citada efeméride.
La edil de Solidaridad, Sandra Gómez (IU), ha dicho que «son diversas las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Hegoa de la UPV-EHU junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el apoyo de Euskal Fondoa. Ambas instituciones han aportado pruebas nuevas sobre desapariciones forzosas y bombardeos a la población civil saharaui a manos del gobierno de Marruecos». Hoy día, «todas estas investigaciones están siendo de suma utilidad en la investigación de la querella por genocidio contra el pueblo saharaui y en las demandas de verdad, justicia y reparación».
Según consideran desde la concejalía, «en estos 40 años, conforme al más estricto respeto al Derecho Internacional, ha quedado de manifiesto que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal», por lo que «no tuvo ni puede tener efectos jurídicos o políticos que mermen el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro». Además, hacen referencia a la resolución de la ONU sobre la ocupación, la cual define esta presencia de manera explícita como mera «ocupación militar», que se prolonga en el tiempo con todas las consecuencias de violencia, atropello y abuso a los derechos humanos más elementales que la comunidad internacional está obligada a defender y proteger.
Como pudo comprobar la propia Gómez, en la ponencia que pronunció hace escasos días en Sevilla la activista y represaliada saharaui y defensora de los derechos humanos, Aminatou Haidar, «el Sáhara Occidental no es un limbo jurídico y, por consiguiente, a sus habitantes les corresponden unos derechos que son inherentes a todo ser humano; derechos que garantizan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales, y que reconoce además formalmente hasta la potencia ocupante, Marruecos, al haber ratificado diversos tratados internacionales que así lo recogen y garantizan. Además de esta ocupación militar y las reiteradas violaciones de los derechos humanos, el pueblo saharaui es víctima de la pasividad de la comunidad internacional».
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