La joven fue asesinada el pasado 31 de julio en Utrera, motivo por el que su expareja está desde entonces en prisión provisional
La familia de Erica Vanessa, la joven de 22 años que fue asesinada en un caso de violencia de género el pasado 31 de julio en Utrera, prevé solicitar entre 20 y 25 años de cárcel para la expareja de la víctima, un hombre de 43 años que desde entonces se encuentra en prisión provisional sin fianza como presunto autor de los hechos. Dicho individuo está acusado de un supuesto delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y la agravante de parentesco.
Después de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla haya decretado el alzamiento del secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones, el abogado penalista José Antonio Sires, que representa a la familia de la víctima, ha manifestado que de la investigación se desprende que el inculpado «golpeó severamente y en numerosas ocasiones» a su expareja «con un objeto contundente en la cabeza y la espalda, sin darle posibilidad alguna de defenderse». Por eso, ha señalado que prevé solicitar «la pena máxima» de entre 20 y 25 años de cárcel para el encartado.
Todo ello después de que previamente el Juzgado de Instrucción número dos de Utrera desestimase la petición cursada por la defensa del acusado, N.A.C.T, de origen ecuatoriano, de obtener la libertad provisional, bajo la premisa de la necesidad de evitar la alteración, ocultación o destrucción relevante de pruebas.
En su comparecencia en el juzgado, el presunto autor del crimen se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, como también había hecho ya en las dependencias de la Guardia Civil de Utrera. En paralelo, el cadáver de la víctima fue repatriado a su ciudad natal, Talolinga Nueva Guinea, en Nicaragua.
El abogado de la familia de la víctima apuntaba recientemente que uno de los móviles que se barajan respecto al crimen es el de que el presunto autor de los hechos no admitiera la relación que su expareja había comenzado con otra persona, también de origen nicaragüense al igual que ella.
La víctima no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos, tal como aseguraban fuentes municipales consultadas. Igualmente, tampoco constan denuncias suyas en el sistema VioGén, según fuentes de la delegación del Gobierno de España en Andalucía.
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