El gobierno local de Utrera, integrado por PSOE e IU, continúa avanzando en su política de privatizaciones, pese a prometer ambos partidos políticos justo lo contrario. La gestión de la piscina cubierta de Vistalegre, los cursos de la Casa de la Cultura, y la apertura y cierre de los parques de la ciudad son cuestiones ya conocidas, a las que se unen otros ejemplos.
La junta de gobierno local ha aprobado recientemente el inicio del procedimiento para contratar a una empresa privada que se encargue de la gestión de las piscinas públicas que existen en las pedanías de Trajano, Pinzón y Guadalema de los Quintero. En concreto, el expediente hace referencia a la limpieza, mantenimiento, salvamento y socorrismo, actividades acuáticas, taquilla, control de acceso y depósito de la recaudación de piscinas municipales. El contrato plantea un coste de 69.877,50 euros, desde la firma del mismo hasta el próximo 9 de septiembre.
Desde la concejalía de Cultura también se ha llevado otro expediente a la junta de gobierno local, con un asunto relacionado con el teatro municipal «Enrique de la Cuadra». En este caso, para que una empresa privada se encargue del servicio de taquillero, portero, planchado y sastrería, personal de carga y descarga, y pegadas de carteles. El contrato, de un año, se prolongará hasta febrero de 2017, con un presupuesto que asciende a los 19.270 euros.
Estas dos iniciativas marcan una nueva contradicción con el compromiso que ambos partidos políticos pusieron de manifiesto durante la campaña electoral y en el propio pacto de gobierno. Frente a las externalizaciones de servicios, PSOE e IU aseguraron que quitarían de manos privadas la gestión de los servicios municipales.
Este asunto viene recogido incluso en el documento que rubricaron el alcalde, José María Villalobos (PSOE); y su socio, Carlos Guirao (IU), para poder alcanzar el citado pacto de gobierno. En concreto, en el punto número 18 de ese acuerdo ambos afirmaban que «la gestión de los servicios municipales y de los recursos naturales se debe realizar de forma preferente en base a la gestión pública». En este sentido, se comprometían incluso a estudiar «la posible remunicipalización de aquellas prestaciones que actualmente están privatizadas».
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