El pleno municipal ha aprobado, a propuesta de IU, una moción que reclama la anulación de los juicios a los presos saharauis de Gdeim Izik. Además, reclama una investigación independiente en el marco de las Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas saharauis y la exigencia de que estas demandas sean transmitidas por parte del gobierno de España al Reino de Marruecos, «alegando a la responsabilidad histórica de nuestro pueblo en el conflicto».
El pasado de 19 de julio, el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) volvió a condenar a 20 ciudadanos saharauis que participaron en el año 2010 en las protestas pacíficas contra la ocupación marroquí del campamento de Gdeim Izik. La sentencia ahora decretada imponía prácticamente las mismas penas a las que ya les había sentenciado un tribunal militar en 2013, las cuales van desde cadena perpetua hasta los dos años de cárcel. La repetición de este juicio «se ha desarrollado sin la participación de los acusados, ausentes desde las sesiones de mayo en protesta por las irregularidades del proceso».
Según ha señalado IU, «frente a este torticero juicio, monitorizado por numerosas instituciones internacionales de observación como el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, la asamblea local de Izquierda Unida Utrera no tiene más que alzar la voz y romper el muro de silencio que existe con respecto a la realidad que viven los ciudadanos de República Árabe Saharaui Democrática, al entender que los tribunales marroquíes no tienen competencia alguna para juzgar asuntos que sucedieron en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo ocupado por Marruecos. A todo esto hay que añadir además que el tribunal de Salé ha vuelto a aceptar confesiones realizadas bajo tortura, enmarcadas siempre bajo un ambiente de fuerte intimidación contra las familias saharauis y las organizaciones observadoras internacionales».
Desde IU-Utrera «hemos defendido, defendemos y defenderemos que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, la cual ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional y clasificada como una obligación erga omnes. Este derecho no puede ser amputado mediante el establecimiento de condenas injustas e infames contras personas que únicamente han mostrado su compromiso para con los derechos humanos de su pueblo».
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