El proceso de legalización de la urbanización utrerana Casacerros parece que sigue en punto muerto. Al menos eso es lo que denuncia la asociación de vecinos, presidida por José Zamarreño, que está barajando incluso como último recurso acudir a la Justicia para demandar al Ayuntamiento por inacción. En 2011 comenzaba un proceso de regularización en el que los vecinos han aportado más de un millón de euros pero, de momento, aseguran que siguen sin saber nada acerca de la elaboración del proyecto y mucho menos del comienzo de las obras.
Las urbanizaciones irregulares asentadas en el término municipal han sido históricamente un mal endémico de Utrera, un asunto que ninguna corporación local ha sido capaz de afrontar con garantías hasta el momento. El caso de Casacerros se suponía que serviría para abrir un terreno no explorado, poniendo en marcha un proyecto de regularización que podría ser imitado por otras urbanizaciones, pero hasta el momento se ha revelado como un verdadero fiasco.
Zamarreño ha tratado en numerosas ocasiones de obtener información acerca del estado del proceso, una tarea en la que hasta ahora no ha llegado a buen puerto. Ha hecho uso del escaño ciudadano en el pleno del Ayuntamiento, ha enviado cartas a la Cámara de Cuentas de Andalucía e incluso se ha dirigido como presidente de la asociación de vecinos al Defensor del Pueblo. Esta institución le ha contestado la última de las ocasiones en octubre de 2017, explicando que «seguimos sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Utrera a las cuestiones que en su momento le planteamos. En cuanto obtengamos respuesta, la analizaremos y nos pondremos en contacto con ustedes».
Dado que los diferentes cauces que hasta el momento ha utilizado la asociación de vecinos para tratar de conocer qué es lo que ocurre realmente con el proceso de regularización de la urbanización no logran una solución, en el horizonte aparece como último recurso acudir a la Justicia para aclarar el asunto, algo que quieren evitar a toda costa, porque están convencidos de que, a pesar de que tienen argumentos, el proceso se retrasaría mucho más. «Los vecinos de Casacerros nos sentimos estafados, porque hemos aportado más de un millón de euros en los últimos siete años y de momento seguimos sin saber nada del proyecto», ha explicado José Zamarreño.
El principal problema que denuncia la asociación de vecinos es que desde hace bastante tiempo parece que la información entre el Ayuntamiento y la propia asociación no fluye de la manera más conveniente. «Cuando iniciamos el proceso de regularización, en el anterior mandato, se fijó que cada cierto tiempo teníamos que mantener un encuentro con el Ayuntamiento para que nos explicaran como se estaba desarrollando todo. Desde que está Villalobos de alcalde, solo hemos tenido una reunión», comenta el presidente de los vecinos de Casacerros.
En la actualidad son casi 180 los vecinos que están afectados en primera persona por este problema, habiendo entregado cada uno de ellos de media unos 6.000 euros para que el proceso de regularización saliera adelante. El problema es que pasa el tiempo y no ven que haya resultados palpables. Y es que, como explica Zamarreño, «en esta urbanización hay personas que viven de manera permanente y uno de los principales problemas que conlleva el hecho de que no se haya completado la regularización es que disponemos de un suministro eléctrico muy deficiente, por lo que la luz se va con mucha frecuencia y hay vecinos que están enfermos y convalecientes, que por ejemplo están en camas articuladas que funcionan con electricidad a los que les afectan mucho los cortes de electricidad».
Deja una respuesta