Juntos por Utrera (JxU) ha dado a conocer el contenido del informe realizado por la Guardia Civil en relación a la compra de las salas de cine que se encuentran en el centro comercial ‘Los Molinos’, que actualmente se encuentra judicializado. El trabajo de investigación llevado a cabo por la Benemérita se sumará al expediente que ya tiene en sus manos la jueza que se encarga de instruir este asunto y decidir cómo actuar.
El portavoz de esta formación política, Francisco Jiménez, ha puesto de manifiesto que las pesquisas llevadas a cabo estos meses por los agentes dejan una serie de conclusiones como cierre de su investigación. Según recoge Jiménez del citado documento, «de las evidencias documentales existentes, el perjuicio económico real causado a los fondos públicos municipales es de 230.000 euros». Esto se sustenta sobre la base de que «hubo un concierto con un empresario que tenía información privilegiada», a pesar de que este «ni tan siquiera era propietario del inmueble», y teniendo en cuenta además que «el alcalde había rechazado las ofertas de compra que él mismo había realizado a la inmobiliaria propietaria» de los cines.
Ante el contenido del informe de la Guardia Civil, integrado por «tres tomos de documentación» basados en «datos objetivos que han sido contrastados» y en la «toma de las declaraciones testificales», Francisco Jiménez considera que «es un asunto de tal gravedad» que el alcalde «debe dar la cara». En palabras del portavoz de JxU, «solamente cabe una opción: que dimita, y que previamente devuelva a las arcas municipales esos 230.000 euros, además de los 142.800 euros correspondientes al IVA que nunca debió pagar el Ayuntamiento porque ese impuesto era responsabilidad del vendedor». Esto eleva el montante económico «defraudado» a 372.800 euros.
En la rueda de prensa ofrecida por el líder de la oposición, repasó todo lo acontecido a lo largo de los últimos años, basándose para ello en el contenido de la investigación realizada por la Benemérita. Así, explicó que el alcalde mantuvo negociaciones con la propietaria de los cines, a la que planteó varias ofertas de compra. La última de esas comunicaciones se produjo en octubre de 2018, cuando la inmobiliaria «aceptó la oferta de 720.000 euros planteada por el alcalde, pero a partir de ese momento no hubo más respuestas».
En febrero de 2019 está fechado un documento «que vengo reclamándole al alcalde que haga público desde hace años pero que solo hemos visto gracias al informe de la Guardia Civil», como es el informe de un técnico de la concejalía de Urbanismo sobre el precio real del inmueble, cuya «valoración máxima era de 476.963 euros». Se trata de un escrito importante, ya que «está regulado que no se puede comprar algo por encima del precio que dice el técnico correspondiente».
A pesar de ello, «el alcalde comenzó a comunicarse con Juan Manuel Tagua, que ni siquiera era el propietario de los cines, y le hizo una oferta de 650.000 euros, aunque sin que exista ningún documento que explique cuál es el soporte legal que lo sostenga». Tras ello, Jiménez señaló que «en cuestión de días, José María Villalobos aceptó una contraoferta del empresario, por un importe de 680.000 euros más el IVA».
En paralelo, el 6 de junio de 2019, «siendo Villalobos alcalde en funciones», convocó un pleno municipal para aprobar un incremento de la partida económica destinada a la compra de inmuebles, «con una cuantía de 892.000 euros, aunque sin explicar con qué fin». Mientras tanto, Tagua se dirigió a una entidad financiera para solicitar un préstamo que le permitiera adquirir los cines, encontrándose con «un informe que pone de manifiesto que su situación y la de su empresa no son buenas. Sin embargo, a pesar de ello da el visto bueno a la operación porque, según recoge el documento, se prevé que en un año se transmita la propiedad -los cines- al Ayuntamiento».
Pocas fechas después, concretamente el 15 de junio de 2019, se celebraba el pleno de investidura en el que quedaba constituida la corporación municipal tras las elecciones. En aquella convocatoria, José María Villalobos anunciaba que tenía un acuerdo cerrado para que el Ayuntamiento adquiriera el multicines.
Con toda esta cronología sobre la mesa, Jiménez destacó que «no hay ningún informe jurídico que justifique este incremento de precios ni que dé validez a que el alcalde negocie con un particular al que dice no conocer, pero con el que antes de la compra se enviaba correos electrónicos a través de cuentas personales, y no de la institucional del Ayuntamiento».
El informe de la Guardia Civil, que ha sido remitido a los juzgados hace pocas fechas, se encuentra ya en manos de la jueza que instruye el caso. «Ahora tendrá que decidir si vuelve a llamar a declarar a José María Villalobos, ya que cuando fue citado no estaba concluida la investigación; o si ordena directamente la apertura de juicio oral», comentó el concejal de Juntos por Utrera.
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