El Partido Popular de Utrera ha asegurado que la reforma del código penal para el delito de malversación, «hecha por Pedro Sánchez a medida de los independentistas catalanes y algunos socialistas implicados en diversas causas, ha sido la clave para que el exalcalde de Utrera, José María Villalobos, no rinda cuentas ante la justicia».
Estas afirmaciones llegan después de que este jueves se haya dado a conocer el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, que desestima el recurso de apelación y dicta el sobreseimiento y archivo de la causa abierta tras la denuncia de los concejales de Juntos por Utrera y Ciudadanos, Francisco Jiménez e Isabel González, respectivamente, contra el entonces alcalde de Utrera. Ambos lo acusaban de irregularidades en el procedimiento de la compra de los locales de los cines del centro comercial ‘Los Molinos’. Como ha recordado el PP, «por esta operación el Ayuntamiento de Utrera llegó a pagar 230.000 euros más a un empresario de la localidad que había comprado los inmuebles poco más de un mes antes y que ejerció de intermediario, obteniendo un enriquecimiento desmedido por la transacción».
El líder del PP utrerano, Francisco Jiménez, ha señalado que «evidentemente acatamos las decisiones y sentencias judiciales, pero lamentamos que haya sido la decisión política y el oportunismo de Pedro Sánchez con la modificación y rebaja del delito de malversación lo que haya beneficiado al exalcalde de Utrera». Además, insiste en que, «le guste o no, Villalobos no podrá decir que haya quedado demostrado que no hizo un mal uso del dinero de los utreranos, porque lo que ha quedado realmente patente es que, si la peor política del PSOE, junto con algunas cuestiones a lo largo del procedimiento, no salen al rescate del exalcalde, el resultado hoy sería muy diferente».
El auto de la Audiencia Provincial «no esconde que se hayan dado situaciones un tanto irregulares a lo largo del procedimiento». Así, señala que a la comparecencia celebrada ante el juzgado número 1 de Utrera con fecha 2 de octubre no asistieron los denunciados, decisión que, según la Audiencia, «no podemos compartir los argumentos esgrimidos por la juez de instancia al entender que al encontrarse correctamente citados ambos investigados a través de su representación procesal, no resultaba necesaria su presencia en este acto, cuyo objeto era precisamente darles traslado de la imputación». Dada esta situación, «se albergan serias dudas sobre la validez de dicha comparecencia por los motivos expresados, si bien razones de lógica y economía procesal no aconsejan entrar a abordar el fondo del recurso sobre la existencia de indicios o no del delito de malversación de caudales públicos, a fin de no obligar a retrotraer actuaciones y reiterar un trámite que nos devolvería a la casilla de salida, pero con incierto pronóstico de resultado».
A juicio del PP, «podría parecer que Villalobos ha sido ‘afortunado’ en la manera en la que en algunos momentos se ha llevado el procedimiento». A lo largo de las 13 páginas que conforman el auto de la Audiencia de Sevilla «se reflejan otra serie de circunstancias que reflejan situaciones un tanto ‘peculiares’, como el hecho de que no se presentara en ningún momento un representante de la empresa Canvives, que estaba citado por la juez y que nunca compareció a declarar ante la juez tal y como correspondía por la citación que se le había cursado».
Por último, Jiménez ha afirmado que usarán «los mecanismos disponibles» para poner en conocimiento de la Comisión Europa este asunto, «que se suma a otros que evidencian las repercusiones que los cambios en el código penal por intereses partidistas están teniendo en todos los ámbitos de la política en nuestro país».
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