El PSOE de Utrera ha asegurado disponer de «información que revela un nuevo y preocupante aspecto del caso que salpica a la delegada de Urbanismo del gobierno del PP, María Luisa Reina Rodríguez». Según estos datos que este partido político asegura tener en su poder, «las obras ilegales realizadas en su propiedad no solo carecían de licencia, sino que todo apunta a que tenían como finalidad la creación de dos nuevos apartamentos, presumiblemente para su posterior uso lucrativo como viviendas independientes».
De esta manera, los socialistas utreranos aseguran que «no estaríamos ante una simple infracción administrativa, sino ante lo que podría constituir una operación urbanística encubierta, presuntamente en beneficio directo de quien ostenta la responsabilidad de garantizar la legalidad urbanística en el municipio».
Desde el Grupo Municipal Socialista se insiste en que «la omisión deliberada del nombre de María Luisa Reina en el decreto sancionador, a pesar de constar como copropietaria en actas anteriores y documentos técnicos, solo puede explicarse como un intento de protegerla de cualquier consecuencia política o legal».
Los socialistas explican que «el uso que se pretendía dar al inmueble desmonta cualquier intento de minimizar este caso. No hablamos de una simple reforma, sino de una actuación orquestada para crear dos viviendas nuevas sin ningún tipo de autorización ni control técnico».
El PSOE de Utrera han avanzado que en estos momentos «estudia muy seriamente la posibilidad de elevar una denuncia ante las instancias judiciales competentes, con el objetivo de que se determine si los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un ilícito penal y depurarse las responsabilidades que correspondan».
Desde el PSOE creen que «el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez Morales (PP), y su socia de gobierno, Isabel González Blanquero (Utrera+), permanecen cómodamente instalados en un silencio cómplice y vergonzoso, negándose a ofrecer a la ciudadanía las explicaciones que este escándalo exige con urgencia. Su falta de transparencia y su desprecio por la rendición de cuentas refuerzan la percepción de que estamos ante una política de encubrimiento premeditado».
El PSOE ha exigido además la inmediata dimisión de la delegada y ha pedido explicaciones públicas del alcalde Francisco Jiménez, «cuyo silencio hasta la fecha solo puede interpretarse como una muestra más de una gestión basada en el clientelismo y la opacidad. El alcalde debe decidir si está del lado de la legalidad o del lado de los intereses particulares de su equipo de gobierno».
Deja una respuesta