La entidad ha trasladado la situación a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA RCDs) ha presentado a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, un informa detallado con la existencia de 25 vertederos incontrolados localizados en el término municipal de Utrera.
El documento reúne las denuncias realizadas por agentes ambientales y vecinos de la zona enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz. Una comunicación que se realiza dentro del marco del ‘Protocolo General de Actuación’, firmado entre AGRECA y la Junta de Andalucía para el desarrollo de acciones conjuntas de sostenibilidad ambiental.
En dicho informe se identifican los vertidos más extensos y con mayor impacto ambiental de la localidad, contando muchos de ellos con más de dos décadas de antigüedad y situados en zonas próximas al casco urbano o en parcelas urbanizables, abandonadas desde 2008.
«Entre los puntos señalados destacan los vertederos de Metaburras, con más de 4 hectáreas y acumulación de neumáticos, uralita y escombros junto al Camino de Santiago; La Herradera, con cerca de 8 hectáreas de residuos de obra y neumáticos de gran tamaño; y el situado detrás de las instalaciones de Vistalegre, donde se acumulan restos de obras municipales desde hace más de veinte años».
En el documento también se recogen «vertidos de gran extensión en zonas como la Vereda Real de Pajarero (con más de 250 hectáreas afectadas) o en el entorno del Junquillo y camino del Golondrino, donde la acumulación de escombros, electrodomésticos y restos ganaderos ocupa hasta 35 hectáreas».
Por su parte, AGRECA afirma que en la ordenanza de Utrera se contempla que «en el caso de descontrol de vertidos, apercibirán al propietario o Institución responsable del espacio que ocupe el vertedero y, si transcurridos unos plazos establecidos no resuelven, será el mismo Ayuntamiento quien subsidiariamente procederá a la limpieza, y pasará factura al propietario o Institución responsable». «Sin embargo, pese a los recursos legislativos existentes, resulta sorprendente tal proliferación de vertederos», añaden.
Además, de acuerdo con otra Ordenanza Municipal de Residuos de 2008, en el capítulo V, artículo 41, establece que «al menos con carácter anual, el Ayuntamiento elaborará un Plan de Recuperación de Áreas Degradadas, en el que se contemple bien la retirada de escombros, bien su cubrición o sellado con residuos de construcción y demolición». «Aparte del desescombro el año pasado 2024 de los acopios que el propio Ayuntamiento lleva décadas vertiendo en los terrenos de Vistalegre, no hay conocimiento de otra acción similar», suman.
Así, de acuerdo con el protocolo firmado, AGRECA debe desarrollar varias acciones: «favorecer una campaña de sensibilización e información entre sus asociados y empresas del sector de la construcción, sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente de la incorrecta gestión de residuos; promover acciones de formación entre los profesionales de la construcción sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente de la gestión inadecuada de este tipo de residuos, abordando la necesidad de llevar a cabo una correcta separación de los mismos en origen, así como acerca de los beneficios que conlleva su correcta gestión».
AGRECA también debe «sensibilizar sobre la importancia de un estudio relativo a la existencia de ordenanzas municipales en la materia, y su grado de cumplimiento, difundiendo entre las entidades locales el modelo de ordenanza elaborado para la asociación; e instar a la detección de aquellas actividades desarrolladoras sin los preceptivos títulos administrativos, y acopios ilegales de entidad, es decir, superiores a 2.000m2 y más de 2.000m3, conforme al procedimiento previsto en el anexo al protocolo de coordinación con la Consejería».
Sobre AGRECA
AGRECA es la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) de Andalucía, Ceuta y Melilla, creada para agrupar y representar los intereses de las empresas ubicadas en estas comunidades y ciudades autónomas que se dedican al reciclaje de residuos de construcción y demolición.
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